¿Cómo puede potenciarse la rendición de cuentas de la policía en Estados Unidos?

Las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y Rayshard Brooks, ocurridas recientemente, desencadenaron manifestaciones generalizadas por los actos de violencia policial y de injusticia racial. En el marco de las continuas protestas surgió recientemente un video de un policía asestándole varios disparos en la espalda al afroestadounidense Jacob Blake en la ciudad de Kenosha, Wisconsin, mientras Blake ingresaba a su vehículo en el cual se hallaban sus hijos que presenciaron toda la situación. Si bien las respuestas de los agentes del orden del ámbito federal y local al tiroteo y a las protestas han sido objeto de duras críticas, son características de las instituciones y políticas de las fuerzas policíacas más grandes.

En el entorno policíaco se suele hablar de las manzanas podridas. Pues bien, las manzanas podridas provienen de árboles podridos, que son los organismos de ejecución de la ley en los que el racismo estructural es omnipresente. Los mecanismos típicos establecidos para la rendición de cuentas de los agentes de policía, así como los resarcimientos pecuniarios en la esfera civil otorgados a las víctimas de violencia y la reincorporación de oficiales del orden despedidos son algunos de los factores que contribuyen al afianzamiento del racismo y de la brutalidad policial.

En comparación con una persona blanca, un negro tiene 3,5 veces más probabilidades de ser asesinado por la policía en situaciones en las que no es el atacante ni está armado. George Floyd es un ejemplo de ello. Los adolescentes negros tienen 21 veces más probabilidades de morir a manos de las fuerzas del orden que sus homólogos blancos. Fue el caso de Tamir Rice y de Antwon Rose. En Estados Unidos un negro es asesinado aproximadamente cada 40 horas. Es lo que le sucedió a Jonathan Ferrell y a Korryn Gaines. Se prevé que uno de cada mil varones negros muera por actos de violencia policíaca durante el transcurso de su vida: fue el destino de Tamir Rice y de Philando Castile.

Se realizaron varios cambios (como por ejemplo cursos de capacitación sobre el sesgo policíaco, cámaras corporales y en el tablero del vehículo) después de que en 1991 se captara en video con una cámara casera la golpiza que le propiciaran a Rodney King agentes del Departamento de Policía de Los Angeles. No obstante, dichos cambios no han sido suficientes como para hacer rendir cuentas a los agentes del orden. En términos generales, aunque los oficiales de policía sean acusados, casi nunca se los condena.

Los fiscales saben que el indicador de lo que se considera conducta dolosa policíaca es extremadamente alto, tanto desde el punto de vista jurídico como del de la percepción del público. La mayor parte de la gente piensa que si un oficial de policía hizo algo, actuó para protegerse a sí mismo o para salvaguardar el bien superior de la sociedad. En consecuencia, las condiciones para la presentación de cargos y la condena de policías son mucho más estrictas que las aplicables al ciudadano común. Por ese motivo los fiscales suelen tomarse más tiempo para asegurarse de que cuentan con argumentos sólidos antes de presentar una acusación.

En Minneapolis el plazo de presentación de cargos en contra de los policías del caso de George Floyd fue anormalmente corto. En instancias recientes la grabación en video mediante un teléfono inteligente fue realizada por civiles: así sucedió con Christian Cooper en Central Park, con Ahmaud Arbery en Georgia y con George Floyd en Minneapolis.  Tras la difusión en las redes sociales de las pruebas captadas en video el proceso penal avanzó en forma expeditiva. Sin embargo, en la mayoría de los casos se permite que los policías consulten a un abogado y a la Orden Fraternal de la Policía; en ocasiones incluso pueden examinar pruebas antes de que los funcionarios realicen declaraciones públicas.

Derek Chauvin, el agente que asesinó a George Floyd, estuvo involucrado en por lo menos 18 casos de inconducta policíaca. Fue parte de tiroteos policiales y de instancias que muchos consideran actos de violencia policial. Lo importante es que estas situaciones representan un patrón. Los agentes que mataron a Tamir Rice en Cleveland en 2014 y los que cercenaron la vida de Antwon Rose en East Pittsburg en 2018 (ambas víctimas eran adolescentes negros) habían sido dimitidos de empleos anteriores como oficiales de las fuerzas del orden. Cuando se separa de sus funciones a un agente policíaco generalmente la Orden Fraternal de la Policía lo ayuda a renunciar discretamente a su cargo en lugar de que se produzca su despido. De este modo el mal agente tiene la posibilidad de trabajar para otro departamento de policía. Es preciso cambiar esta realidad. 

Las denuncias por inconducta dentro de los departamentos de policía suelen tramitarse en la sección de asuntos internos. La denuncia va ascendiendo por la estructura administrativa y, si llega al nivel más alto, se remite a un comité de procesos de conducta conformado por tres oficiales que deciden si los agentes acusados han ejecutado actos de inconducta. Dicho comité es el juez y el jurado de sus homólogos. Si bien un policía debe hacer algo realmente grave para que se lo despida, hay otros tipos de amonestaciones que pueden aplicársele. Puede asignárselo a funciones de oficina, obligárselo a tomar licencia con o sin goce de sueldo o imponérsele una multa por un monto a prorrata que se deducirá de su sueldo. El problema es que en general todas estas medidas son de carácter institucionalmente interno. Muy pocas veces se divulgan fuera del departamento sino hasta mucho después de ocurrido el incidente y de dictada la resolución relativa a la conducta. Mis investigaciones demuestran que, ante inconductas similares, a los agentes negros se les aplican sanciones más severas que a sus colegas blancos.

En general el Departamento de Justicia interviene una vez que ha recibido una invitación del estado al efecto. En el caso de Ahmaud Arbery el fiscal local convocó a la Oficina de Investigaciones de Georgia. Tras ello el procurador general de Georgia le solicitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigara la conducta de dos fiscales de distrito que habían sido asignados al caso. Asimismo, dicho Departamento de Justicia se encontraba investigando si el asesinato configuraba un delito de odio. En cuanto a George Floyd, la Oficina Federal de Investigaciones realizó sus pesquisas “a fin de determinar si se había vulnerado la legislación de derechos civiles”. El homicidio también se está judicializando en el ámbito estatal, al igual que en el caso de Arbery.

Cuando Dylan Roof asesinó a nueve feligreses en la iglesia Emanuel AME de Charleston, Carolina del Sur, las autoridades federales presentaros cargos en su contra por delitos de odio. Se trata de una instancia importante ya que hay estados (como Georgia, por ejemplo) que carecen de legislación relativa a ese tipo de delitos. Si en el caso del homicidio de Arbery se incoan cargos por delitos de odio deberá planteárselos en el ámbito federal. En cuanto a George Floyd, la acusación de delitos de odio puede presentarse en el foro estatal o federal, o en ambos.

Mis investigaciones presentan dos importantes reformas de carácter legislativo y práctico dirigidas a disminuir la violencia policial. En primer lugar, no debería permitirse que los agentes separados de sus cargos por motivos de inconducta vuelvan a desempeñar funciones en las fuerzas del orden. Esta recomendación cuenta con el apoyo de ambos partidos políticos a nivel federal. Es parte del Decreto Ejecutivo dictado recientemente por el presidente Trump y de la Ley “George Floyd” sobre Justicia en la Actividad Policial promulgada por la Cámara de Representantes.

 En segundo lugar, es preciso reestructurar las indemnizaciones civiles de modo tal que en lugar de provenir de fondos de los contribuyentes se paguen mediante pólizas de seguro de los departamentos de policía. Esto ya está ocurriendo de ciertas instancias a nivel local. Un grupo de legisladores del estado de Nueva York ha propuesto que los agentes de policía dispongan individualmente de seguros de responsabilidad civil.

Tarde o temprano se producirá el pago de un gran monto en concepto de indemnización civil por la muerte de George Floyd. El dinero que la misma familia de Floyd le entrega al fisco en forma de impuestos se utilizará para resarcirla por su deshumanización y asesinato. Debido a la denominada inmunidad calificada, que surge de la legislación en base a la cual los agentes policíacos suelen quedar exentos de enfrentar instancias de culpa civil, dichos agentes no suelen verse afectados por los impactos financieros de las indemnizaciones civiles. Desde 2010 St. Louis ha pagado más de 33 millones de dólares, en tanto que la ciudad de Baltimore ha debido entregar cerca de 50 millones de dólares por actos de inconducta de sus policías. En los últimos 20 años Chicago ha dedicado un monto superior a los 650 millones de dólares a causas entabladas por mala conducta policial. En el periodo de julio de 2017 a junio de 2018 las indemnizaciones pagadas por la Ciudad de Nueva York ascendieron a $230 millones de dólares por alrededor de 6.500 casos de inconducta. ¿Y si estos dineros se destinasen a la educación y a las obras de infraestructura? Las investigaciones indican que se produciría una disminución en la delincuencia.

En el ámbito de los servicios de salud se cometen errores, por lo que lo médicos y los hospitales cuentan con seguros de mala praxis. En el caso de las fuerzas del orden, cuando se comete un error generalmente el gobierno de la ciudad es el que corre con la responsabilidad. Aunque la administración de la ciudad (y, en consecuencia, sus contribuyentes) sería quien cubra las primas del seguro de mala praxis del departamento policíaco, cuando se produjera un aumento en dichas primas los administradores municipales sabrían quiénes son los policías responsables, como sucede en el caso de los médicos y de los hospitales. Mediante este mecanismo los gobiernos de las ciudades y sus departamentos de aplicación de la ley contarían con un sistema impulsado por el mercado que les permite descartar a las manzanas podridas para que no sigan echando a perder los árboles de los organismos encargados del cumplimiento del orden público.

Adaptado de una entrevista con el autor trasmitida por pódcast.